Sentencia A. 1142/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1142/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre recobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

Auto 1142 de 2024

 

Referencia: Expediente CJU-5343.

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá.

 

Magistrado Ponente:

Cristina Pardo Schlesinger.

 

Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.      ANTECEDENTES

 

1. Mediante apoderado judicial, la E.P.S. Salud Total interpuso demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, el Consorcio SAYP 2011, la Unión Temporal Nuevo Fosyga, y la Comisión de Regulación en Salud –CRES-[1]. La demandante pretende que se ordene a las demandadas pagar la suma de $220.212.000 por concepto de recobros por la prestación de servicios de salud, así como perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante. Como fundamento, asegura que, en cumplimiento de sentencias de tutela, prestó servicios médicos no incluidos en el POS y estos no le fueron pagados. En virtud de ello, solicita que la parte demandada sea condenada a indemnizarla por los presuntos perjuicios sufridos, y a cubrir los intereses moratorios asociados a las sumas adeudadas[2].

 

2. El 10 de febrero de 2016, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria[3]. Argumentó que el caso bajo estudio estaba relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral y que el interés principal de la parte demandante era que las entidades accionadas fueran declaradas responsables por los daños antijuridicos causados, con ocasión del no pago del valor de los servicios de salud prestados por la entidad demandante[4]. Fundamentó su decisión en el artículo 2 de la Ley 712 de 2001[5] y el artículo 104 del CPACA.

 

3. Dicho expediente fue repartido al Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá. Posteriormente, la ADRES, en su calidad de sucesor procesal, asumió todas las responsabilidades y obligaciones derivadas del litigio original contra el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto 1429 de 2016. En consecuencia, el Juzgado 26 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto del 17 de julio de 2019[6], ordenó correr traslado de la demanda a la ADRES y a las demás entidades accionadas. Luego, el 01 de junio de 2023 ordenó la remisión del proceso al Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá. Advirtió que el Acuerdo No. CSJBTA23-15 del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá había dispuesto la redistribución de procesos a los seis juzgados laborales del circuito creados por el citado acuerdo[7].

 

4. El Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia judicial del 12 de marzo de 2024, declaró su falta de competencia y propuso el conflicto negativo de jurisdicciones[8]. Expuso que “el pago de recobros judiciales por parte del Estado, no corresponden a los conflictos jurídicos estimados para el conocimiento de los jueces del trabajo, ya que son litigios originados en un servicio prestado, y no en uno pendiente de ser cubierto por el sistema general de seguridad social, sin que tampoco pueda considerarse que La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social sea una entidad prestadora de servicios en salud como las EPS o las IPS, toda vez que dentro de sus funciones no se le adjudicó ninguna en ese sentido.”[9]. Aunado a ello, consideró que debía reiterarse el Auto 389 de 2021 proferido por la Corte Constitucional.

 

5. De acuerdo con el reparto del 22 de marzo de 2024, el expediente de la referencia le fue enviado al despacho de la magistrada sustanciadora el 05 de abril de 2024[10].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

6. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.[11]

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.       La jurisprudencia constitucional ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que concurran el presupuesto subjetivo, objetivo y normativo.[12] De esta manera, ha explicado que el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia debe suscitarse, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y que hagan parte de distintas jurisdicciones; el presupuesto objetivo se refiere a que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa judicial[13] , y el presupuesto normativo es aquél, según el cual, es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

8. La Sala concluye que en el presente caso se satisfacen los presupuestos indicados en líneas anteriores. En efecto, el presupuesto subjetivo está acreditado porque el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, son autoridades que administran justicia y forman parte de diferentes jurisdicciones: el primero, de la jurisdicción ordinaria; y el segundo, de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

 

9. El presupuesto objetivo también se encuentra cumplido. El conflicto de jurisdicciones trata sobre la competencia para decidir la demanda de reparación directa interpuesta por Salud Total EPS contra la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, el Consorcio SAYP 2011, la Unión Temporal Nuevo Fosyga, y la CRES.

 

10. Igualmente, el caso bajo estudio satisface el presupuesto normativo. Tanto el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá como el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá precisaron los argumentos de índole legal y jurisprudencial en los que soportan sus decisiones de rechazar la competencia, tal como se puede apreciar en los párrafos 2 y 4 de esta providencia.

 

11. Superados los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, la Corte lo resolverá.

 

Controversias relacionadas con el recobro de prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios de Salud. Reiteración del Auto 389 de 2021

12. La Sala Plena, mediante el Auto 389 de 2021, estableció que “la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”. En esta misma providencia, esta corporación señaló que el procedimiento de recobro actúa como una garantía para las EPS, permitiéndoles solicitar el reembolso de los servicios y tecnologías proporcionados en cumplimiento de una orden judicial derivada de una acción de tutela o de una directriz emitida por los comités técnicos científicos. Esto es relevante dado que la prestación de dichos servicios fue ordenada aun cuando, en principio, no correspondía a la cobertura de la EPS.  

 

13. En esa oportunidad se fijó la siguiente regla de decisión: “El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores”.

 

14. El Auto 389 de 2021 ha sido aplicado a otros conflictos de competencia entre jurisdicciones en demandas contra el Ministerio de Salud y Protección Social y diversos consorcios y fiduciarias anteriormente responsables del trámite de recobros al Estado por servicios médicos no incluidos en el PBS. Esta Corporación tomó esta decisión porque, según el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, la ADRES está adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Además, conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto 1429 de 2016, a esta entidad se le transfirió la responsabilidad de defender al Estado en procesos judiciales y asumió las obligaciones económicas previamente adquiridas por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la administración de los recursos del Fosyga.

 

15. La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la disposición contenida en el Auto 389 de 2021 en el Auto 1942 y 2152 de 2023. Sin embargo, como un elemento innovador en la resolución de conflictos de competencia entre jurisdicciones, introdujo un régimen de transición de carácter excepcional y temporal para atenuar el impacto del cambio jurisprudencial en la determinación de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos de recobros judiciales al Estado por servicios médicos excluidos del POS (PBS). Las reglas de transición establecidas son las siguientes:

 

 

III. Caso concreto

 

16. Si bien inicialmente el proceso ejecutivo fue interpuesto contra la Nación-Ministerio de Salud y de la Protección Social, resulta pertinente señalar que durante su trámite judicial se aceptó a la ADRES como sucesor procesal de la Nación. Este cambio procesal tiene implicaciones significativas en la determinación de la jurisdicción competente para conocer del asunto. En este sentido, es crucial destacar que la ADRES, en su calidad de sucesor procesal, asumió todas las responsabilidades y obligaciones derivadas del litigio original contra el Ministerio de Salud y de la Protección Social, de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Decreto 1429 de 2016. En consecuencia, el hecho de que la demanda se hubiere dirigido inicialmente contra el Ministerio de Salud y de la Protección Social no impide que, al dirimir el conflicto de jurisdicción, se aplique la regla establecida en el Auto 389 de 2021.

 

17. En razón a ello, la competencia para conocer del presente asunto recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente en el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá. La Sala Plena de esta Corporación concluye que se debe aplicar la regla de decisión del Auto 389 de 2021 y lo dispuesto en el artículo 104.1 del CPACA. En consecuencia, este juzgado es el competente para conocer de la demanda de reparación directa interpuesta por Salud Total EPS contra la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consorcio SAYP 2011, la Unión Temporal Nuevo Fosyga y la Comisión de Regulación CRES, en relación con el recobro de servicios prestados no incluidos en el POS, en cumplimiento de fallos de tutela emitidos por jueces de la República y/o decisiones de un Comité Técnico Científico y los perjuicios que se produjeron por el no pago de dichos servicios.

 

18. Por lo tanto, se ordenará remitir el expediente CJU-5343 al Juzgado 35 Administrativo de Bogotá para que imparta el trámite respectivo al presente asunto. Esta autoridad deberá comunicar la presente decisión al juez laboral involucrado en el conflicto y a los sujetos procesales.

 

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por Salud Total EPS contra la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Consorcio SAYP 2011, la Unión Temporal Nuevo Fosyga y la Comisión de Regulación CRES.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5343 al Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá y a los sujetos procesales y partes interesadas.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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